Con voz débil y temblorosa, Hugo Moyano defendió su gestión al frente de la obra social de los camioneros, que arrastra una deuda que rondaría los $60.000 millones y que es administrada por Iarai SA, una empresa vinculada a Liliana Esther Zulet, su esposa.
“Cuando veo algunas críticas pienso en los problemas que sufrimos en la economía argentina y en cómo seguimos administrando. Todas estas estupideces que salen en la prensa no hay que darle mucha importancia porque el 99 por ciento son mentiras. Son cosas que inventan para perjudicar a los dirigentes”, dijo el jefe de los camioneros ante un auditorio poblado de dirigentes de su gremio.
El mensaje se interpretó como una respuesta a las críticas de los afiliados y profesionales de la obra social que protestaron recientemente por el recorte en los servicios y en la entrega de medicamentos. Pero también, según indicaron en el entorno del jefe sindical, fue una respuesta a las publicaciones de LA NACION en las que se dio cuenta de un presunto vaciamiento de las cuentas bancarias del gremio y de la obra social con transferencias a fideicomisos vinculados a empresas de su esposa.
Moyano evalúa vender propiedades del gremio para no sostener a la obra social y no caer en convocatoria de acreedores. Este atajo, como otras alternativas, fueron el eje del debate al que convocó ayer el jefe de los camioneros a los directivos y delegados de la obra social. Además, se habría cambiado al directorio de la obra social por presunta mala administración y ante las filtraciones que hubo a la prensa, según dijeron fuentes del gremio a LA NACION.
Delante de sus aliados, Moyano, de 82 años, agradeció el aporte del gremio y de los empresarios para sostener la obra social y enumeró las propiedades que se adquirieron durante su gestión. De todos modos, no precisó si es que esos inmuebles serán vendidos para afrontar el déficit de la prestadora médica.
El fondo de comercio de Oschoca lo tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno (45 años) y Juan Noriega Zulet (39), dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero. La obra social le transfirió fondos recientemente a la compañía de Zulet a través de un fideicomiso llamado Dhanvantari, cuya domicilio fiscal es el mismo que Iarai y otras dos empresas de la familia que mantienen negocios con el gremio de los camioneros.
La obra social recibe un auxilio financiero mensual a partir de los empresarios, que aceptaron otorgar un aporte mensual de $25.000 por trabajador que va directamente a la prestadora médica. Empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional que se añade a los aportes convenidos por ley. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.
LA NACION



