La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) aceptó intervenir en la demanda presentada por La Pampa contra el Estado Nacional por la distribución de fondos coparticipables. Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal asumió su competencia originaria en el caso. La resolución también ordenó correr traslado al Gobierno nacional, que tendrá 60 días para contestar el reclamo.
El eje del conflicto es el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, conocido como ATN. La provincia sostiene que el 1% de la masa coparticipable reservado para ese fondo no debería quedar bajo administración discrecional del Poder Ejecutivo. Su pedido es que esos recursos se distribuyan de manera diaria y automática entre todas las jurisdicciones provinciales.
Qué reclama La Pampa
La demanda fue impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado Romina Schmidt, con patrocinio de los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand. En la presentación, La Pampa pidió que se declaren inconstitucionales dos artículos de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos. Según el escrito, esas normas afectan derechos y recursos que la Constitución reconoce a las provincias.
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La discusión se concentra en ese 1% de la masa coparticipable. La Pampa argumenta que ese dinero forma parte de los fondos coparticipables y, por lo tanto, debería entrar al sistema automático de reparto. Bajo esa lectura, la Nación no podría retenerlo para asignarlo luego según decisiones del Ejecutivo.
La provincia también pidió una audiencia informativa y de conciliación. Para sostener ese planteo, citó antecedentes de otros conflictos por recursos federales que llegaron a la Corte. Entre ellos, mencionó las causas impulsadas por Santa Fe y por la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional.
Por qué la causa llega directo a la Corte
El tribunal entendió que el caso corresponde a su competencia originaria. Ese mecanismo se aplica cuando una provincia demanda directamente a la Nación, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Nacional. Por eso, el expediente no pasará por tribunales inferiores y quedará bajo revisión directa de la Corte Suprema.
En su resolución, el máximo tribunal ordenó notificar al Ministerio de Economía y a la Procuración General de la Nación. La procuradora fiscal Laura Mercedes Monti había sostenido que correspondía la intervención de la Corte porque están en juego prerrogativas constitucionales de una provincia frente al Estado Nacional. Con ese criterio, el expediente quedó en manos del máximo tribunal.
La decisión no resuelve todavía el fondo del conflicto. Por ahora, la Corte aceptó tratar el caso y habilitó el plazo para que el Gobierno presente su respuesta. La discusión sobre la constitucionalidad del esquema de los ATN quedará para una etapa posterior.
Los artículos cuestionados
La demanda apunta contra los artículos 3 inciso d y 5 de la Ley 23.548. Esas disposiciones regulan el destino de una parte de los recursos recaudados y el funcionamiento del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional. Para La Pampa, ese esquema permite que la Nación administre una porción de fondos que debería repartirse automáticamente.
El reclamo provincial se apoya en artículos de la Constitución vinculados con la coparticipación y los derechos de las provincias sobre los recursos federales. La discusión de fondo será si el 1% destinado a los ATN puede seguir bajo control nacional o si debe pasar al reparto diario entre jurisdicciones. De esa definición dependerá el alcance fiscal del caso.
Los ATN enviados a los gobernadores amigos no alcanzan
A diferencia de otros litigios por sumas retenidas o recortes específicos, este planteo cuestiona el funcionamiento estructural de una parte del sistema. Si el reclamo prospera, podría modificar el modo en que se asignan fondos que hoy quedan bajo manejo del Ejecutivo nacional. El efecto no alcanzaría solo a La Pampa, sino al conjunto de las provincias.
Un nuevo capítulo en la disputa por recursos federales
El caso vuelve a tensar una discusión conocida entre provincias y Nación por la distribución de recursos. En los últimos años, varias jurisdicciones llevaron a la Corte reclamos por transferencias, recortes o mecanismos considerados discrecionales. La Pampa ahora busca que el tribunal revise el destino de un porcentaje específico de la masa coparticipable.
Los antecedentes de Santa Fe y de la Ciudad de Buenos Aires aparecen como parte del argumento provincial. En esos casos, la Corte intervino en disputas por fondos federales y ordenó revisar decisiones tomadas por el Estado Nacional. El reclamo pampeano, sin embargo, tiene una particularidad: no se limita a una deuda puntual, sino que cuestiona cómo se administra el fondo.
Corrientes recibió casi la cuarta parte del total de los ATN
El Gobierno deberá contestar la demanda dentro del plazo fijado por la Corte. También podría abrirse una instancia de conciliación, como solicitó la provincia. Mientras tanto, el expediente deja abierta una disputa sensible sobre el margen de discrecionalidad de la Nación para manejar recursos federales y sobre el alcance del reparto automático entre provincias.
DCQ
