La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y contra Claudio “Chiqui” Tapia, su presidente, por evasión fiscal agravada por el uso de facturas truchas para evadir unos 300 millones de pesos tras detectar proveedores apócrifos.
La denuncia de la ARCA -a la que accedió LA NACION- será investigada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, que ya procesó a Tapia y a la AFA por retención indebida de aportes patronales y evasión.
Ahora, la ARCA amplió esa denuncia y pidió que se investigue el delito de asociación ilícita fiscal que abarca a Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a integrantes de la Comisión Directiva de la organización.
En diciembre del año pasado, la ARCA había denunciado a la AFA y a sus autoridades por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por 7500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
De acuerdo a la denuncia original, el eventual delito denunciado por la ARCA es por $7.593.903.512.
La denuncia acusa a la AFA de armar un entramado de facturación apócrifa diseñado para ocultar el destino real de fondos millonarios.
El informe elaborado por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes habla de la existencia de un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66 en concepto de Impuesto a las Salidas No Documentadas.
La maniobra supuestamente fraudulenta se concentró en dos períodos fiscales recientes, que presentan el siguiente detalle de montos evadidos, según el cuadro probatorio aportado por la ARCA: para el período fiscal 2024: $125.790.317,94 y el 2025 $163.546.201,72
Para ejecutar esta multimillonaria evasión, el fisco comprobó que la AFA utilizó operaciones instrumentales de simulación a través de proveedores carentes de capacidad operativa, económica y financiera, que no contaban con empleados ni bienes registrables y cuyos domicilios eran inexistentes o estaban abandonados.
Se trata de supuestas empresas “fantasmas” usadas para justificar el movimiento de dinero.
La AFA intentó justificar la salida de estos fondos alegando que correspondían a “obras llave en mano” realizadas en su predio de Ezeiza durante 2023 y 2024.
Y dijo que el asunto debía tratarse con extrema “confidencialidad”, por lo que no detalló el personal contratado, pero ARCA entendió que estas operaciones en realidad eran falsas.
El rastreo de los cheques emitidos por la AFA reveló que terminaron siendo depositados, a través de endosos, por empresas como el Frigorífico Rioplatense (como cobro por venta de carne vacuna) y la firma agrícola BLD S.A. (para cancelación de compra de hacienda), con lo que existió un desvío de los fondos.
ARCA identificó un extenso listado de empresas que emitieron estas facturas supuestamente apócrifas a favor de la entidad.
Las firmas y personas involucradas son Consultek Consultoría y Servicios S.R.L.; ID Constructora S.R.L.; Central Hotel SRL; Meroka SRL; Construcciones Far West S.R.L.; Maxstore S.A.; Mosili; Logística Winter S.R.L.; Gramez; Holdembrog S.A.; LPH Events S.A. / Luicom S.A.; Belesan S.A.S. y Albamonte Construcciones S.R.L.
La denuncia menciona también a Ninapey S.A., Carbajal Marcelo Fabián, Alianza Producciones Sociedad Anónima, Xmart Solutions 2 S.R.L., Capadoccia S.R.L., Prussian Blue S.R.L., Maturana Sofia Nur, Nuevo Expreso San Ignacio S.R.L., GYE Turismo S.R.L., Abidan S.A., MB Canning y Ultrech S.R.L.
La denuncia acusó a la AFA y a su presidente, Claudio Fabián Tapia; al tesorero Pablo Ariel Toviggino; al secretario Víctor Blanco Rodríguez; al secretario Cristian Ariel Malaspina y al director general, Gustavo Roberto Lorenzo.
Asimismo, el tesorero Toviggino volvió a la carga contra el juez Amarante, que investiga este caso, y lo recusó.
Amarante rechazó en un informe la recusación y ahora resolverá la Cámara en lo Penal Económico con la firma de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio.
El tribunal, asimismo, rechazó el recurso de Casación planteado por la AFA para que el máximo tribunal penal del país analice si corresponde o no cerrar la causa por inexistencia de delito.
A la AFA le queda ahora ir a la Cámara Federal de Casación mediante un recurso de queja en el que deposita todas sus esperanzas.
